El exministro de Hidrocarburos dijo que falta un marco jurídico que considere aspectos como regalías, impuestos, relacionamiento con las comunidades y permisos ambientales.
14/02/2025 9:10
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Los contratos del litio con el consorcio chino CBC y Uranium One Group de Rusia se mantienen en el centro de la polémica. En Potosí, anunciaron movilizaciones y desde el gobierno garantizaron la soberanía y control en la extracción de minerales presentes en el salar de Uyuni.
Al respecto, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, afirmó que estos contratos no deben concretarse, porque no garantizan beneficios para el pueblo boliviano.
Comentó que el gobierno actual tuvo en sus manos dos proyecto de ley de litio con todas las demandas del pueblo potosino, que dé certidumbre a los que vienen a invertir, temas ambientales, de relación con las comunidades, "similar a la ley de hidrocarburos que tenemos en el país".
"La actividad de litio boliviana implica la perforación de pozos, similar a hidrocarburos, no es una actividad minera. Todo lo que se ha hecho con estos dos contratos está bajo un apéndice de la ley minera y yo considero personalmente que debíamos haber tenido una ley de litio, que vengo pidiendo hace tiempo", afirmó Río en El Mañanero.
También, apuntó que el país está en un año electoral y, "por supuesto, que el tema se va a politizar", además dijo que los contratos entraron muy a destiempo.
"El gobierno del presidente Luis Arce no sé qué interés tendrá en sacar esto tan a rajatabla, cuando su mandato está por concluir. Tenemos que tener un marco jurídico concreto que dé a los potosinos lo que quieren o lo que se puede tener, y a los que van a invertir", agregó.
Consideró que la norma debe considerar regalías, impuestos, relacionamiento con las comunidades y permisos ambientales, que es parte del reclamo.
"No se ha hecho esa tarea y de repente, de la noche a la mañana, se sacan dos contratos de la manga con una empresa china y una empresa rusa. No tenemos nada contra ellos. Es más, bienvenidos. Lo que sí queremos decir es que el gobierno no ha utilizado los procedimientos correctos de, primero, tener una ley. Segundo, después de solicitar abiertamente las áreas que quiere entregar en competencia y, en tercer lugar, las mete a la Asamblea en un año tremendamente conflictivo, porque en 2025 hay elecciones", explicó.
Ríos indicó que los dos contratos, a pesar de estar en el mismo área, "son totalmente diferentes" y que eso llama la atención.
"En el contrato que está analizándose con la empresa de China, es que fuera de que el estado es socio mayoritario con el 51% y la empresa tiene el 49%. El Estado boliviano, a través de YLB (Yacimientos del Litio Bolivianos), debe devolverle todos los gastos que haga esta empresa. Además, tiene un interés de alrededor del 12% sobre el capital. Me parece un interés tremendamente fuerte y oneroso para este tipo de negocios. El riesgo lo asume básicamente Bolivia", agregó.
Asimismo, comentó que el contrato incluye que YLB es responsable de "transportar el producto que ellos mismos van a comprar hasta la China".
"La empresa china no tiene experiencia en Extracción Directa de Litio (EDL), pero está adquiriendo la la tecnología, quiere decir que está comprando tecnología de otra empresa y eso se lo está cobrando a YLB. Además no le pasa el know how al pueblo boliviano, que es algo que tenemos que tener. Hemos hecho algunos flujos de caja, con datos, costos reales y no dan resultados favorables al pueblo boliviano. Estos contratos no deben aprobarse, debe venir una nueva administración que debe decidir cómo socializa una ley de litio porque lo que tienen que socializar no son los contratos, es una ley de litio que pacte y que permita la inversión privada en Bolivia", complementó.
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