Casi cinco años tras las rejas: De la detención a la liberación de Jeanine Áñez

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, está cerrando un capítulo significativo en su vida judicial tras cuatro años y ocho meses de encarcelamiento. Su proceso legal, marcado por el caso conocido como "golpe de Estado II", culminó con la anulación de su condena y su consecuente orden de liberación anunciada este miércoles, luego de una serie de decisiones judiciales clave que definieron su destino.

El inicio del proceso y la condena

El proceso judicial contra Áñez se inició con su detención. En marzo de 2021, durante el gobierno de Luis Arce, fue aprehendida en Trinidad y trasladada a La Paz, ingresando al Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Inicialmente, esta detención preventiva se dio en el marco del caso "golpe de Estado I", acusada por delitos de terrorismo y sedición relacionados con la crisis política y social de 2019.

Posteriormente, en junio de 2022, la expresidenta fue sentenciada a diez años de prisión por el caso "golpe de Estado II". El fallo la declaró culpable por los delitos de "incumplimiento de deberes" y "resoluciones contrarias a la Constitución", específicamente por la manera en que asumió la Presidencia interina del país en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales y la línea de sucesión. Esta condena fue dictada en un proceso ordinario, donde se la juzgó sin el fuero de expresidenta.

Ratificación de la pena y giro en otros casos

La defensa de Áñez apeló la sentencia, pero en diciembre de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la máxima instancia judicial del país, ratificó la condena de 10 años de cárcel por el "golpe de Estado II". El TSJ declaró "infundado" el recurso de casación presentado por su equipo legal, confirmando la pena impuesta.

No obstante, en agosto de 2025 (año de las elecciones generales), otros procesos judiciales en su contra comenzaron a tomar un giro significativo. Un tribunal se declaró incompetente para juzgar a Áñez en el denominado "caso Sacaba" (una decisión que luego se replicó en casos como "Senkata" y otros). El tribunal anuló el proceso ordinario y determinó que, como expresidenta, a Áñez solo le correspondía enfrentar un juicio de responsabilidades, reservado por ley para altos funcionarios. Esta decisión ordenó la emisión de mandamientos de libertad por estos procesos específicos, aunque la condena de diez años por el "golpe de Estado II" aún la mantenía recluida.

Además del "golpe de Estado II", la expresidenta afrontaba al menos otros nueve procesos en la justicia ordinaria. Entre los más graves, se encontraban los casos conocidos como "Sacaba" y "Senkata", por las muertes de civiles durante la crisis de 2019, aunque los tribunales ya habían anulado el juicio ordinario y remitido ambos a la vía del juicio de responsabilidades. Adicionalmente, enfrentaba el "caso Golpe de Estado I", del cual fue apartada por haber sido juzgada por hechos similares en el caso "Golpe de Estado II". Otros casos relacionados con su gestión incluían las acusaciones por la designación de una gerente de EBA, la disposición de Jet-Fuel a precio subvencionado, un crédito del FMI, y la ampliación de la concesión a Fundempresa, procesos que, según su defensa, también debían ser tramitados bajo la modalidad de juicio de responsabilidades.

 Anulación de la sentencia y liberación

El obstáculo final que impedía su libertad fue levantado hoy. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia intervino nuevamente en el proceso y anuló la sentencia de diez años de prisión que pesaba sobre la expresidenta interina por el caso 'golpe de Estado II'. Este fallo, emitido tras la revisión de la condena previamente ratificada, marcó el fin del encarcelamiento de Áñez, permitiendo su liberación tras haber permanecido recluida por casi cuatro años y ocho meses.