Defensoría y 55 instituciones instan al diálogo y cuestionan que bloqueos están al margen de la legalidad

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Pedro Callisaya, junto a 55 instituciones de la sociedad civil a nivel nacional, emitió este lunes un pronunciamiento conjunto en el que advierte sobre la ilegalidad de los bloqueos que afectan al país, además de hacer un firme llamado a la paz y al diálogo como único camino para resolver la actual crisis política y social.

“Hay situaciones que se han convertido al margen de lo legal y es importante que las instituciones que tienen que ver con la investigación de hechos delictivos o cualquier otro hecho que limite derechos de otras personas deban investigar, eso es importante”, aseguró Callisaya en conferencia de prensa, enfatizando la necesidad de que las instituciones competentes intervengan frente a hechos que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El pronunciamiento conjunto identifica claramente a los actores involucrados: el gobierno, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, los sectores movilizados, las fuerzas políticas y la ciudadanía. A todos ellos les recuerda que “esta crisis sólo se puede resolver a través del diálogo y los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución Política del Estado”. Además, enfatiza que las elecciones generales previstas para agosto de 2025 deben desarrollarse en un ambiente libre de presiones, amenazas o desinformación que pueda poner en riesgo la estabilidad democrática.

Las 55 instituciones firmantes hicieron un llamado específico a los actores políticos para que actúen con responsabilidad democrática y eviten discursos de odio o amenazas contra instituciones públicas o sociales que fomenten la violencia y la división. Del mismo modo, exhortaron al Gobierno a que la actuación de la fuerza pública frente a las protestas y bloqueos respete los estándares internacionales y se abstenga de emplear fuerzas militares contra manifestaciones pacíficas.

En el caso de los sectores movilizados, el pronunciamiento destaca la obligación de ejercer sus derechos políticos dentro del marco de la ley y la libertad de expresión responsable, evitando cualquier forma de violencia que afecte a la población no involucrada en las protestas. Además, recalca la necesidad de garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia durante los bloqueos, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo y las instituciones firmantes reiteraron su firme convicción de que la solución a esta crisis debe basarse en el respeto a la legalidad y la construcción de espacios de diálogo incluyentes y seguros que prioricen el bien común sobre los intereses particulares o partidistas.