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Denuncia penal contra el líder de la RJC y el cívico cruceño Calvo

Acusados por los presuntos delitos de sedición, terrorismo, instigación pública a delinquir.

06/11/2020 7:24

Cochabamba, Bolivia

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El líder de la agrupación llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fueron denunciados penalmente en las pasadas horas.

Ambos son acusados por los presuntos delitos de sedición, terrorismo, instigación pública a delinquir, conspiración, asociación delictuosa y organización criminal, los juristas Arturo Aliaga y Rolando Cruz fueron quienes se constituyeron en partes querellantes en contra de Molina y Calvo.

“Infelizmente no vemos en una situación de zozobra y de intranquilidad para todo el país, porque están atentando contra el orden establecido, convocando a bloqueos y la toma de instituciones públicas, y tratando de evitar la posesión de un gobierno posesionado legítimamente consitituido”, señaló Cruz.

Consideran que se han cometido actos fuera de la ley en las protestas que comandaron tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, donde sus grupos dirigieron a distintas plataformas ciudadanas en contra de los resultados de las Elecciones Generales 2020 del 18 de octubre.

De este modo, las acusaciones en contra de ambos ciudadanos suben en número. La semana pasada, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) presentó una denuncia ante la Fiscalía Departamental, tras las agresiones que sufrieron los periodistas durante las coberturas a los bloqueos en la Llajta. Algunos trabajadores de la prensa señalaron que, incluso, no les dejaron registrar los hechos durante las movilizaciones.

En septiembre, el propio Molina había declarado ante los medios que sumaba, hasta ese entonces, cuatro procesos en su contra, por los delitos de atentado contra la salud pública, incitación a delinquir y asociación delictuosa.

En el caso de Calvo, este fue denunciado en agosto pasado por “discriminación”. Fue María Oporto, entonces senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien lideró la demanda formal ante la Fiscalía General del Estado.

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