Diputada denuncia que Agetic lanzó licitación para Derechos Reales, pese a suspensión de decreto

Tras su aprobación, el Decreto Supremo (DS) 5143 sobre el registro de Derechos Reales, generó polémica y reclamos de diversos sectores de la población. Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad y, mediante una resolución, estableció la suspensión temporal de la aplicación del decreto.

Al respecto, la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que el DS "atenta contra la propiedad privada".

"Quiero denunciar que pese a que el Gobierno paralizó la aplicación del decreto 5143, que atenta contra la propiedad privada, la Agetic tiene en curso una millonaria licitación para adquisición de Infraestructura Tecnológica. Al parecer el Ministerio de la Presidencia, del cual depende la Agetic, de manera irregular pretende tener control de los Registros de Derechos Reales", publicó en sus redes sociales.

Y es que una de las disposiciones transitorias del DS señala que el Consejo de la Magistratura, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (Agetic), implementará el Sistema Único del Registro de Derechos Reales. Sectores cuestionan que se implique en la creación de este Sistema Único a la Agetic, una entidad pública que está bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, cuando Derechos Reales, según el mismo decreto, depende del Consejo de la Magistratura, que es parte del Órgano Judicial.

"Si creías que el gobierno iba a cumplir su palabra paralizando el Decreto 5143, fuiste engañado. Hoy, 13 de mayo, entrando al Sicoes, descubrimos que la Agetic sigue teniendo en curso una millonaria adquisición tecnológica para la implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales", afirmó Campero, en el video que acompaña su post.

La diputada también muestra las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, indicando que el artículo 4 de la norma en cuestión señala que el registro de Derechos Reales "queda a cargo del Consejo de la Magistratura" y no así de algún ministerio de Estado.

"Tenemos la seguridad de que el Ministerio de la Presidencia, a través de la Agetic, quiere controlar los datos de todos los bolivianos, no solo de Derechos Reales, sino también de telecomunicaciones. Los bolivianos debemos hacernos una cuestionante: ¿Por qué sigue este proceso de adjudicación si el Decreto 5143 está paralizado, no solo porque lo dijo el presidente Luis Arce, sino también porque se interpuso una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP", agregó.

Campero aseguró que la Agetic destinó más de 31 millones de bolivianos para la adquisición de computadoras y un software.

"El software le va a permitir al Gobierno nacional manipular los datos del derecho privado de los ciudadanos bolivianos. Estamos ante un estado policíaco que se quiere entrometer en la vida privada de todos los bolivianos. ¿Por qué el Órgano Judicial contando con un presupuesto tan alto y además administrando recursos que ingresan de forma independiente, no ha licitado hasta hoy la infraestructura tecnológica necesaria para manejar estos datos? Sigue sometiéndose al poder político del MAS", complementó.

"No accederemos a datos"

Sobre este mismo tema el director de Agetic, Vladimir Terán, garantizó la privacidad de los datos de los ciudadanos, durante la entrevista del viernes pasado en Que No Me Pierda, aunque no se refirió puntualmente a la denuncia de la diputada Campero, ya que aún no se conocía, pero se espera que haya un pronunciamiento en las próximas horas.

"Nosotros hacemos el sistema. No necesitamos los datos para hacer un sistema. Como informáticos, para hacer un sistema, no necesitamos datos, necesitamos estructuras. La estructura es cómo es el bien, cómo se lo registra, qué datos tengo que registrar. Esa estructura es la que necesitamos, nosotros no necesitamos ver los datos", explicó.

También aseguró que Agetic no tendrá acceso al sistema y que ya trabajaron de esta forma con otros sistemas tecnológicos de entidades públicas.

"Lo dejamos en el servidor del Consejo de la Magistratura. Es lo mismo que ha pasado con el Seprec (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) y con el notariado. Nosotros no tenemos acceso a esa información, ese data center donde está la información está en los lugares donde tiene que estar, unos están en el Seprec y los otros están en Dirnoplu (Dirección del Notariado Plurinacional). El data center está con el Consejo de la Magistratura y ahí va a estar, nunca ha salido información, ni va a salir. No necesitamos la información para hacer un sistema, hemos implementado sistemas sin tener que tocar la información", aseveró.