Facción del PDC presenta amparo constitucional contra el TSE por omisión en solicitud de exclusión electoral

Una facción del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó este miércoles una acción de amparo constitucional contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusándolos de incurrir en una omisión indebida al no responder una solicitud formal remitida hace 45 días, en junio pasado, en la que esa facción del partido pedía ser excluida de las Elecciones Generales previstas para el próximo 17 de agosto.

El abogado del PDC, José Cusi Alanoca, explicó que la acción fue presentada en base al artículo 128 de la Constitución Política del Estado, el artículo 51 del Código Procesal Constitucional y el artículo 71 de la Ley del Órgano Electoral, que establecen que el amparo constitucional procede ante actos u omisiones ilegales o indebidas cometidas por servidores públicos que restrinjan o vulneren derechos fundamentales.

“Hemos presentado hoy un amparo constitucional porque el TSE no respondió una solicitud oficial enviada hace 45 días. Esta omisión es indebida y vulnera los derechos constitucionales de quienes tomaron la decisión de no participar en los comicios”, declaró Cusi Alanoca en conferencia de prensa.

El abogado enfatizó que la acción legal no busca obstaculizar las elecciones, sino exigir que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con sus obligaciones administrativas y legales respondiendo formalmente a la petición presentada por esa facción del PDC.

En junio, un sector del Partido Demócrata Cristiano anunció públicamente su decisión de no participar en los comicios, considerando el clima de polarización política y la necesidad de “preservar la unidad del país”, según explicó en su momento Bismarck Villanueva, miembro del Comité Ejecutivo de esa fracción.

No obstante, otra ala del PDC había planteado postular a Rodrigo Paz y Edman Lara como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, lo que refleja una división interna en la organización política.

El amparo ahora queda a la espera de que el juez constitucional correspondiente convoque a audiencia para considerar el fondo de la demanda.