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Interpol reforzará control migratorio para impedir la salida de exautoridades durante 90 días

El coronel Bazoalto detalló que el personal de Interpol y Migración permanecerá en alerta permanente en los 31 puestos fronterizos y principales aeropuertos del país. 

10/11/2025 17:20

La Paz

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El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, informó que, en coordinación con la Dirección General de Migración, se aplicará de manera estricta la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, que establece que las exautoridades del Estado no pueden abandonar el país durante los 90 días posteriores a la conclusión de sus funciones.

“Nosotros, como Interpol, que dependemos de la unidad policial de control migratorio y de todos nuestros puestos fronterizos, en coordinación con la Dirección de Migración, daremos cumplimiento a las disposiciones legales que establecen que las autoridades no pueden abandonar el país por determinado tiempo”, señaló el jefe policial en entrevista con Bolivia Tv.

El coronel Bazoalto detalló que el personal de Interpol y Migración permanecerá en alerta permanente en los 31 puestos fronterizos y principales aeropuertos del país, con el fin de detectar e impedir cualquier intento irregular de salida del territorio nacional por parte de exautoridades sujetas a esta normativa.

“De acuerdo con la normativa, si no me equivoco, son 90 días los establecidos. Hemos cruzado información con nuestro servicio de Migración y, hasta el momento, no existe ninguna solicitud expresa, tomando en cuenta que se debe dar estricto cumplimiento a esta disposición”, explicó.

La autoridad destacó que la coordinación entre Interpol y Migración busca garantizar la transparencia, el cumplimiento de la ley y la protección del interés nacional, en el marco del proceso de transición gubernamental.

La Ley 1352, promulgada en 2020, establece que toda autoridad que concluya sus funciones debe permanecer en el país durante 90 días posteriores al fin de su mandato, con el propósito de asegurar su disponibilidad para responder ante eventuales auditorías, investigaciones o requerimientos de las instituciones del Estado.

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