Investigan presuntos abusos a menores en El Alto: hay al menos tres víctimas

Un nuevo caso de presunto abuso sexual contra menores vuelve a conmocionar a la ciudad de El Alto, donde al menos tres niñas habrían sido víctimas de un mismo agresor y no se descarta que existan más afectados.

El director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, Cristian Chipana, informó que uno de los casos involucra a una niña de 7 años, ocurrido en la zona Villa Bolívar “F”, cuyo agresor ya fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro.

“Producto de la denuncia se ha realizado la valoración psicosocial, se ha remitido al Ministerio Público y se ha logrado la aprehensión del sujeto”, explicó.

Un segundo caso, aún más grave, involucra a una niña de 9 años que habría sido víctima reiterada de abuso por parte de un profesor de 42 años.

“Ella refiere que no habría sido la única vez, al menos serían tres hechos”, señaló Chipana.

En este caso, la justicia determinó seis meses de detención preventiva para el acusado, también en el penal de San Pedro, mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades señalaron que el agresor se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la menor, quien vivía sin la protección directa de sus padres y era constantemente amenazada para guardar silencio.

“En la mayoría de los casos existe el tema de amenazas para que las víctimas no cuenten lo sucedido”, advirtió.

Además, se investiga una denuncia contra la dirección de la unidad educativa, que habría intentado encubrir al profesor facilitando su huida, aspecto que ya es de conocimiento del Ministerio Público.

La Defensoría informó que ambas menores reciben atención psicológica especializada y acompañamiento legal para garantizar su recuperación y acceso a la justicia.

Finalmente, se hizo un llamado a padres, maestros y autoridades educativas a reforzar los controles y la prevención dentro de las escuelas.

“Está faltando control y prevención en las unidades educativas, no podemos trabajar solos, todos debemos involucrarnos”, concluyó Chipana.

El caso reabre el debate sobre la seguridad de los estudiantes y la responsabilidad institucional en la protección de niñas, niños y adolescentes.