Ley contra Ganancias Ilícitas: Lima asegura que no afectará a gremiales

Este jueves, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que el tratamiento del proyecto de ley contra las Ganancias Ilícitas fue paralizado mientras dura la socialización anunciada por el gobierno.

Asimismo, aseguró que plantean incorporar un artículo que expresamente exima al comercio informal para que ningún juez o fiscal pueda usar la norma arbitrariamente y juzgar a los gremiales, informa la agencia ANF.

“Hay que generar un umbral y protección a los gremiales de manera que no exista ningún abuso, ninguna arbitrariedad de fiscales, de jueces ni de ninguna estructura del Estado (…). Lo que es relevante para nosotros: el crimen organizado; de ninguna manera el tema de la informalidad. Esos temas ya han quedado claros, incluso hemos planteado la posibilidad de un artículo en esta norma para que pueda aclarar contundentemente para la tranquilidad de la familia gremial”, sostuvo el ministro de Justicia en entrevista con RTP.

Indicó que la discusión está en los umbrales y que el sistema penal no puede pretender atacar a un comerciante porque realiza su trabajo de manera informal, ya que probablemente esa persona no tiene las herramientas, los documentos y la información necesaria. Eso no puede considerarse automáticamente que hay legitimación.

"Acá se buscando atacar a las mafias, al crimen organizado, al narcotráfico y de ninguna manera a la informalidad. Esa es una regla que ha quedado muy clara en el país y que se va a consolidar en este proyecto. Ese ha sido uno de los puntos más importantes en el análisis que tuvimos estos días con todas las asociaciones gremiales", complementó.

La autoridad habló sobre establecer artículos específicos para que no se confunda la informalidad en el comercio con la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“Siempre hay que tener un debido proceso y no puede confundirse la informalidad con la comisión de un delito, son temas que son completamente diferentes. Inclusive la Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que viene a evaluarnos a fines de abril, plantea realidades diferentes para cada país. Un país como el nuestro que tiene un elevado nivel de informalidad no puede tener las mismas reglas que otro tipo de países. Acá la discusión está en los umbrales, no puede el sistema penal pretender atacar a un comerciante porque está realizando su trabajo de manera informal”, explicó Lima.

El proyecto de ley tenía que ser tratado el martes de esta semana, pero el ministro de Justicia no asistió a la Asamblea Legislativa para explicar la norma. Asimismo, la iniciativa legislativa fue pausada ante el rechazo de distintos sectores sociales que comenzaron a organizarse y declararse en estado de emergencia,

"El presidente Arce es muy claro; en tanto no concluya una socialización con todos los sectores, vamos a suspender el proyecto de ley. La socialización será en todo el país, con todas las personas que estén interesadas en mejorar el proyecto y en todos los niveles; gremiales, choferes, también empresarios. Todos estamos interesados en que no exista en el país el delito del crimen organizado. ¿Quién está de acuerdo con la trata y tráfico de personas? ¿Quién puede estar de acuerdo con el narcotráfico y con la corrupción? Esto son temas que se tienen que combatir de manera eficiente. Del 1997 a 2023, malos resultados. Hay que ajustar, hay que mejorar, pero hay que hacerlo para que el pueblo boliviano no sienta que la norma está para atacarle, sino para proteger y defender", aseveró.

Lima indicó que, por instrucción del presidente Luis Arce, se decidió paralizar la norma hasta que se logre socializar con los sectores sociales que se sienten amenazados.

"Teníamos una preocupación de muchos sectores con los cuales nos hemos reunido en los últimos días para explicar los alcances de este proyecto de ley y cómo no afecta, de ninguna manera, ni a la familia gremial, ni a los compañeros choferes, ni a ninguna de las personas que trabajan del día a día para lograr que mejore la economía del país", afirmó Lima.

El ministro aseguró que la iniciativa está destinada, principalmente, a juzgar a narcotraficantes, tratantes de personas, funcionarios públicos corruptos y el crimen organizado.

"Este proyecto está pensado para atacar a los corruptos, a los narcotraficantes, a los que trafican con personas y le causan un daño al país. (Es mentira que) se estaría criminalizando la protesta social. El numeral seis del tipo penal de terrorismo, expresamente, excluye cualquier posibilidad de atacar a la protesta social, completamente descartado. Segundo, no tiene que ver con el proyecto de ley que se retiró hace unos meses porque se trata de un proyecto nuevo que plantea una serie de principios jurídicos que protegen a la sociedad. Ahora se reduce a tres artículos y una disposición adicional, que van en una línea de protección de los derechos humanos", agregó.

En el país, según la autoridad, sólo se ha logrado 18 sentencias de más de 528 casos de legitimación de ganancias ilícitas, 9 de ellas absolutorias.

"Estamos con esta preocupación de mejorar el combate contra la legitimación de ganancias ilícitas. Buscamos combatir grandes mafias que tienen una estructura de legitimación de ganancias ilícitas, que no podemos atacar por deficiencias en la normativa. La ley tiene como único objetivo combatir a estas mafias a este crimen organizado", reiteró Lima.