"Quién roba no va preso”: Ganaderos piden endurecer penas por abigeato y denuncian ausencia del Estado

La Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) presentó por quinta vez un proyecto de ley que busca penalizar con hasta 12 años de cárcel el delito de abigeato, ante la creciente preocupación por la impunidad y la recurrencia de estos casos en el país.

El pronunciamiento se da tras el hecho ocurrido en la Brecha 4, donde seis presuntos abigeatistas fueron capturados en flagrancia con reses faenadas. Para Marco Antonio Gutiérrez, secretario general de Congabol, este caso no es aislado:

“Lo califico como un hecho más. Los ganaderos estamos preocupados desde siempre. El 82% de nosotros somos pequeños productores, y somos los más afectados. Imagine perder el esfuerzo de décadas en una sola noche”.

Gutiérrez recordó que, desde 2019, el abigeato no contempla medidas cautelares de detención preventiva, lo que permite que los responsables continúen en libertad. “Quien roba ganado no va preso. Por eso hemos insistido durante cinco años en una ley que establezca penas severas y detención preventiva para frenar este delito”, enfatizó.

El secretario general de Congabol señaló que el abigeato no solo tiene un impacto económico, sino también social y sanitario: la carne robada, sin control ni cadena de frío, podría poner en riesgo la salud pública.

En cuanto al proyecto de ley, la propuesta plantea penas de hasta 12 años para que el delito deje de considerarse menor y pueda aplicarse la detención preventiva. Según Congabol, los casos “descubiertos” de abigeato ya se habrían incrementado más de 500 veces, lo que pone en riesgo la paz social.

Gutiérrez también denunció la falta de recursos y capacitación en la Policía Montada y en el Ministerio Público, e instó a los tres niveles de gobierno a destinar presupuestos especiales para combatir el delito.

Ante la ausencia de una respuesta efectiva del Estado, los ganaderos impulsan alianzas público-privadas y patrullajes conjuntos con la Fiscalía y la Policía en regiones como el Beni, donde —según indicó— han tenido resultados positivos.

“Debemos prevenir antes que lamentar. El delito no para y sigue creciendo. La carne robada puede tener enfermedades y representa un riesgo para todos”.

Mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades nacionales, el sector ganadero advierte que la impunidad podría llevar a que los productores tomen justicia por mano propia.