Suspenden la audiencia del caso de los 36 días de paro contra líderes cruceños

La Justicia de La Paz decidió suspender, sin fecha determinada, la audiencia relacionada con el caso del paro de 36 días que tuvo lugar en el departamento de Santa Cruz en el año 2002, en el contexto del Censo de Población y Vivienda. Esta decisión se tomó mientras comparecían de manera presencial en la ciudad de La Paz el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, y el abogado José Luis Santistevan, mientras que los otros implicados en el caso participarían de forma virtual.

Esta mañana viajaron a la ciudad de La Paz vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, y el abogado José Luis Santistevan, para comparecer de manera presencial ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en relación al caso de los 36 días de paro por la realización del Censo de Población y Vivienda. Mientras tanto, otros implicados en el caso participarían de manera virtual en la misma audiencia.

Vargas señaló que la lucha por el censo fue en beneficio del pueblo cruceño, boliviano y lamentó que ahora estén siendo imputados por ello. Además de Vargas y Santistevan, también están siendo investigados el gobernador Luis Fernando Camacho, el exlíder cívico Rómulo Calvo, y el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar.

A su turno, Santistevan señaló un malentendido con el juez, que habría llevado a que la audiencia se cambiara de virtual a presencial para él y el vicerrector. Destacó que el juez se molestó cuando se le pidió encender su cámara durante la anterior audiencia virtual.

La denuncia por este caso fue presentada por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, en contra de Luis Fernando Camacho; al expresidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo; al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y al vicerrector Reiniero Vargas y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan; por los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2002.

Los cargos que enfrentan los acusados ​​ascienden a un total de 10 delitos, incluyendo el atentado contra el presidente y otros dignatarios del Estado, violencia contra la mujer, asociación delictuosa y terrorismo, supuestamente cometidos durante los 36 días de paro por el Censo.