Analista advierte que el modelo 50-50 no es viable este año

El analista económico Fernando Romero afirmó que la propuesta del modelo de redistribución de recursos 50-50 impulsada por el presidente Rodrigo Paz no podría implementarse en el corto plazo debido a limitaciones legales, presupuestarias y fiscales del sistema público boliviano.

El debate sobre el modelo de redistribución de recursos 50-50 continúa generando posiciones encontradas en el país. En ese contexto, el analista económico Fernando Romero señaló que la propuesta debe analizarse con criterios técnicos, ya que su implementación inmediata sería jurídicamente inviable.

Según explicó, el sistema presupuestario boliviano funciona bajo ciclos anuales rígidos que impiden aplicar cambios estructurales en la distribución de ingresos durante la misma gestión.

“El Presupuesto General del Estado se formula entre julio y septiembre, se aprueba en noviembre y entra en vigencia desde enero del año siguiente. Cambiar un esquema de distribución de recursos requiere modificaciones legales y ajustes presupuestarios”, sostuvo.

Romero explicó que actualmente el nivel central del Estado concentra cerca del 75% de los ingresos tributarios debido a que también asume los mayores gastos obligatorios del país.

Entre estos mencionó el financiamiento de bonos sociales, como la Renta Dignidad, el Juancito Pinto y el Juana Azurduy, además del sistema de salud, la educación pública, el servicio de la deuda y proyectos de inversión estratégica.

En ese sentido, advirtió que una redistribución inmediata de recursos bajo un esquema 50-50 podría reducir significativamente los ingresos del nivel central.

“Sin una reducción paralela del gasto, esto implicaría mayor déficit fiscal, más endeudamiento o recortes en inversión pública y servicios”, señaló.

El analista también advirtió que el impacto del modelo dependerá de cómo se diseñe el mecanismo de distribución entre las regiones.

A su criterio, departamentos con mayor actividad económica y capacidad administrativa, como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, podrían beneficiarse más del nuevo esquema, mientras que regiones con menor base tributaria podrían enfrentar dificultades financieras.

“Un 50-50 mal diseñado podría ampliar las brechas regionales y generar autonomías financieramente inviables”, indicó.

Asimismo, Romero señaló que utilizar únicamente el criterio poblacional para distribuir recursos podría generar distorsiones, ya que no toma en cuenta factores como pobreza, extensión territorial o costos de provisión de servicios públicos.

Frente a este escenario, el economista considera que una redistribución de recursos solo sería viable si forma parte de una reforma fiscal más amplia.

Entre las medidas necesarias mencionó una reforma del gasto público, el fortalecimiento de los ingresos propios de gobiernos subnacionales, una nueva fórmula de redistribución que combine varios indicadores y reglas fiscales claras para evitar un sobreendeudamiento regional.

Además, planteó que cualquier cambio en la estructura de distribución de recursos debería aplicarse de manera gradual, en un periodo de tres a cinco años.

“El problema no es repartir más recursos, sino gastar mejor, recaudar mejor y asignar con criterios técnicos”, afirmó.

Finalmente, Romero sostuvo que cualquier reforma de este tipo debe construirse a través del diálogo con las regiones y dentro de un proceso más amplio de discusión sobre el pacto fiscal y el fortalecimiento de las autonomías en Bolivia.