¡La encontraron en una fiesta!: Familia de militar asesinado cuestiona los beneficios judiciales que recibió la culpable

La defensa de la familia del sargento de la Fuerza Aérea Boliviana Ariel Esteban Conde Alparu, asesinado en 2006 por su esposa, cuestionó duramente las reiteradas ampliaciones de detención domiciliaria otorgadas a la mujer sentenciada a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

La abogada Rosmery Apaza recordó que el crimen ocurrió la madrugada del 1 de julio de 2006, después de una reunión familiar. Según los antecedentes y la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia, la pareja regresó a su departamento tras la fiesta y, cerca de las 06:00, la madre del militar escuchó disparos.

“Cuando la madre baja y logra ingresar al departamento, encuentra a su hijo tendido en el piso con disparos. Ella utilizó el arma de reglamento de él, porque él era naval”, explicó.

En un inicio, la mujer intentó sostener que se trataba de un suicidio. Sin embargo, las pericias descartaron esa versión y permitieron establecer que se trató de un asesinato.

“Se dieron diferentes versiones de que aparentemente había sido un suicidio, pero las pericias evidenciaron pólvora en la mano de ella. Por eso se emitió la sentencia condenatoria”, sostuvo la jurista.

La mujer fue sentenciada en 2008 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Esa condena fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2014. No obstante, tras cumplir aproximadamente ocho años de prisión, obtuvo detención domiciliaria bajo el argumento de que estaba embarazada.

Según Apaza, la ley establece que ese beneficio debía durar únicamente ocho meses, tomando en cuenta los 90 días posteriores al alumbramiento. Sin embargo, la condenada consiguió nuevas ampliaciones con certificados médicos particulares que no habrían sido avalados por el Instituto de Investigaciones Forenses.

“Consiguió tres ampliaciones de detención domiciliaria. La tercera fue de un año y 10 meses y posteriormente otra de dos años más. La ley establece claramente que este beneficio solo corresponde cuando existe una enfermedad terminal, situación que ella nunca acreditó”, afirmó.

La abogada aseguró que la familia de la víctima advirtió durante años que esas ampliaciones eran irregulares y denunció que varias de ellas fueron otorgadas durante vacaciones judiciales, cuando jueces suplentes asumían funciones.

“Aprovechaban que no estaba el juez titular para solicitar estas ampliaciones. La familia muchas veces pensaba que el proceso no se iba a mover, pero la sorpresa era que aparecían nuevas ampliaciones de detención domiciliaria”, manifestó.

Apaza aclaró además que el juez que acompañaba a la mujer el día de su captura no tuvo participación en las decisiones que ampliaron su detención domiciliaria.

Tras la revocatoria de esos beneficios, se emitió un mandamiento de captura. Sin embargo, la defensa de la familia sostiene que ejecutar esa orden no fue sencillo, ya que la mujer no permanecía en el domicilio que había declarado ante las autoridades.

“No ha sido sencillo ejecutar esta orden de captura. Se realizaron allanamientos y existían informes de que ella no habitaba el domicilio. Luego de un operativo de inteligencia de la Felcc se logró ejecutar el mandamiento”, indicó.

La reciente captura de la mujer, mientras participaba de una comparsa de morenada en La Paz, reactivó la preocupación de la familia, que teme que ahora busque acogerse a la libertad condicional alegando que tiene una hija menor de edad a su cargo.

“La familia está sumamente preocupada porque ella ha intentado solicitar libertad condicional. Quiere hacer valer las detenciones domiciliarias como pena cumplida y salir tras cumplir 15 años. Lo que quiere la familia es que cumpla los 30 años que dispuso el tribunal”, enfatizó.

La defensa de la víctima también advirtió que existen informes policiales y sociales que evidenciarían que la mujer incumplía incluso las condiciones de su detención domiciliaria.

“Hay observaciones e informes que muestran que ella no cumplía la detención domiciliaria. La familia espera que esta vez la justicia haga cumplir lo que manda la ley”, concluyó.