¿Leyes incendiarias?: La controversia por la normativa ambiental en Bolivia

Desde el año 2013, Bolivia ha sido escenario de un polémico conjunto de leyes y decretos que, según críticos y ambientalistas, han fomentado la deforestación y los incendios forestales en el país. A esta legislación se le ha denominado “leyes incendiarias” por su impacto negativo en el medio ambiente.

Leyes Controversiales

La controversia comenzó con la Ley 337, promulgada en 2013 durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Esta ley, titulada “De apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”, permitió el desmonte de predios sin la aprobación del Estado hasta 2011. Posteriormente, la Ley 502 de 2014 amplió el plazo para suscribirse al programa de producción de alimentos y estableció sanciones administrativas para pequeñas y medianas propiedades.

En 2015, la Ley 741 permitió el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades comunitarias y pequeñas para actividades agropecuarias, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, esta normativa ha sido ampliamente criticada por haber llevado al desmonte de 460.000 hectáreas entre 2015 y 2022, mientras que la superficie de alimentos cultivados solo alcanzó las 40.800 hectáreas. Activistas han pedido la abrogación de esta ley, calificándola de perjudicial para el medio ambiente.

Decretos Supremos Aumentan la Controversia

Además de las leyes, tres decretos supremos han sido objeto de crítica. El DS 24453 de 1996 estableció una sanción mínima de $us. 0,20 (Bs. 1,39) por hectárea quemada ilegalmente, considerada insuficiente frente al daño ambiental causado. El DS 3073 de 2019 autorizó el desmonte de bosques en el Beni y Santa Cruz para actividades agropecuarias, mientras que el DS 26075, también aprobado en 2019, determinó la ampliación para el sector agroindustrial en áreas de bosque.

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC), ha calificado estas políticas como un “ecocidio” y un “suicidio colectivo” para el país. Según Requena, la legislación vigente ha facilitado un deterioro ambiental sin precedentes, y ha instado a revisar y modificar las leyes que, en su opinión, han promovido prácticas destructivas.

Los ambientalistas y activistas han intensificado su llamado a la acción, demandando reformas significativas y la implementación de políticas más estrictas para proteger los bosques y garantizar un desarrollo sostenible.

Las denominadas “incendiarias” refleja un conflicto profundo entre el desarrollo económico y la preservación ambiental en Bolivia. La presión pública y la crítica creciente podrían acelerar el debate legislativo y llevar a una revisión de las normas actuales, en un esfuerzo por equilibrar la seguridad alimentaria con la necesidad imperiosa de conservar los recursos naturales del país.