Ruth Nina enfrenta tres denuncias penales por amenazar con “muertos en lugar de votos”

La polémica dirigente Ruth Nina, jefa del extinto Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), enfrenta al menos tres denuncias penales por sus recientes declaraciones durante un acto político, en las que advirtió que, si Evo Morales no es habilitado como candidato, el próximo 17 de agosto “el TSE contará muertos en lugar de votos”.

La frase, ampliamente repudiada por sectores políticos y sociales, fue calificada como una amenaza directa al proceso electoral y ha motivado la reacción inmediata de actores institucionales y de la sociedad civil.

La primera denuncia fue presentada por la diputada Luisa Nayar (Comunidad Ciudadana), quien pidió la aprehensión inmediata de Nina, señalando que sus declaraciones encajan en los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas contra la seguridad del Estado.

Desde Cochabamba, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) formalizó la segunda denuncia penal, advirtiendo que las palabras de Nina representan una amenaza a la vida de los bolivianos y al proceso democrático en su conjunto. La organización alertó que declaraciones de ese tipo pueden alentar hechos de violencia electoral.

La tercera denuncia fue interpuesta en La Paz por el activista Guido Calcina, quien acusa a Ruth Nina y a Evo Morales por instigación pública a delinquir, delitos electorales y terrorismo. El activista pidió a la Fiscalía actuar de manera imparcial y con celeridad ante lo que considera un intento de amedrentar a la ciudadanía.

Las denuncias surgen a solo un mes de las elecciones generales, en medio de un clima político tenso y de creciente incertidumbre en torno a la situación judicial de Evo Morales, quien desde el Trópico insiste en ser habilitado pese a la Sentencia Constitucional 0007/2025 que impide una nueva postulación.

Las amenazas de Nina, sumadas a los discursos del entorno Evista que condicionan la realización del proceso electoral a la presencia de Morales en la papeleta, han generado preocupación en distintas instancias, incluido el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que pidió garantías para la integridad del proceso democrático.