Tras operativo, avasalladores abandonaron predios en Guarayos

El abogado Álvaro Latorre, representante legal de los propietarios afectados por avasallamientos en la provincia Guarayos, afirmó que la situación en los predios ha mejorado significativamente, luego del desalojo pacífico de los ocupantes ilegales en la zona de Río Negro, sector conocido como “El Cielo”.

“Podemos decir que la situación se ha pacificado. Los avasalladores han abandonado el predio y esta vez la presencia policial se ha hecho sentir y respetar. En otras ocasiones la Policía fue rebasada, pero ahora se ha realizado un trabajo espectacular”, afirmó.

Aunque no se registraron aprehensiones, Latorre considera que el operativo marcó un punto de inflexión: “Lo que se ha logrado es debilitar su estructura criminal en Guarayos. He visto con curiosidad que uno de los dirigentes, Osmar Padilla, me propuso instalar una mesa técnica para hablar sobre los predios avasallados. Es evidente que se sienten debilitados”.

En ese sentido, el abogado fue enfático al vincular el fenómeno de los avasallamientos con el contexto político nacional: “Este régimen que ha apadrinado y usado la tierra como moneda de pago para dirigentes corruptos se está acabando. El ocaso del MAS lleva al ocaso de los avasallamientos”, aseguró.

Latorre apunta a trabajar junto a productores e instituciones para crear una base de datos conjunta de predios afectados, y así identificar patrones comunes.

“Hemos detectado que gran parte de los casos en Montero y Guarayos están relacionados con una misma persona, aparentemente llamada Freddy, lo que podría demostrar una red bien organizada detrás de estos hechos”.

Además, explicó los principales mecanismos que utilizan los avasalladores para tomar tierras ilegalmente. Uno de ellos es aprovechar los recortes de superficie en los títulos de propiedad: “Por ejemplo, una propiedad de 4.000 hectáreas es titulada solo con 3.500, y antes de que el propietario sea notificado, los avasalladores ya están ocupando las 500 restantes”.

Otro mecanismo frecuente es el aprovechamiento de tierras fiscales. “Van al INRA, muestran coordenadas y se instalan sin ser posesionados oficialmente. Todo esto se da porque existen organizaciones matrices que, durante varias gestiones, han lucrado con el reconocimiento de comunidades nuevas. Pagan por ser reconocidos, y ese pago ya implica corrupción”, denunció.

Como solución, Latorre propuso una medida concreta para cortar el circuito de ocupaciones ilegales: “Se debe exigir que toda comunidad nueva que busque reconocimiento presente primero una resolución de asentamiento. Solo así se puede frenar en seco este tipo de prácticas”.