La defensa del anciano pedirá resarcimiento de daños y denuncia que los funcionarios que atendieron el caso no hablaban aymara, lo cual es un requisito.
10/10/2025 0:14
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Un caso de grave vulneración de derechos humanos y retardación de justicia salió a la luz en la ciudad de El Alto, donde un adulto mayor aymara fue liberado recientemente después de pasar aproximadamente un año y siete meses en detención preventiva, acusado erróneamente de violación y paternidad de un bebé fallecido.
El hombre, que es monolingüe aymara y no habla castellano, fue encarcelado en marzo de 2024. Su inocencia fue finalmente demostrada en octubre de 2025, tras una exhumación y la realización de una prueba de ADN al bebé, que había fallecido a los seis meses de edad. Los resultados confirmaron que no era el padre biológico.
Retardación de justicia y Vulneración de derechos
Virginia Ugarte, representante de la Asamblea de Derechos Humanos en El Alto, denunció que la detención prolongada y el error judicial se deben a la falta de celeridad en la investigación y, crucialmente, a la vulneración de los derechos lingüísticos del adulto mayor.
"Se ha vulnerado los derechos humanos, no ha podido ser atendido, escuchado en su idioma nativo... Eso ha sido la retardación de justicia en este caso", afirmó Ugarte, señalando que los funcionarios del Ministerio Público y el SLIM no le hicieron entender los procedimientos en su idioma nativo.
El caso fue impulsado por abogados voluntarios de la Asociación de Justicia e Igualdad por la 348, quienes lograron que el juez determinara la inocencia del anciano.
Exigen resarcimiento de daños y sanciones
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos anunció que se sumará a las acciones legales, exigiendo el cumplimiento de los plazos para el mandamiento de libertad y, posteriormente, el resarcimiento de daños y perjuicios.
"Vamos a exigir que todos los funcionarios deben hablar el idioma nativo, según a su región", sentenció Ugarte, pidiendo que se responsabilice a los fiscales y funcionarios del SLIM que llevaron el caso por la negligencia que costó dos años de libertad al anciano. Se espera que se tomen acciones contra los funcionarios públicos que fallaron en aplicar las normas de atención en idioma nativo.
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