En un comunicado conjunto, la CIDH y la ONU-DH expresaron su preocupación por las resoluciones que declararon la nulidad de los procesos judiciales en Senkata y Sacaba.
12/09/2025 16:55
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El Estado boliviano debe garantizar justicia y evitar la impunidad en los casos de las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, como parte de sus compromisos internacionales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional de la ONU Derechos Humanos, afirmó este viernes la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
Las dos instancias internacionales coincidieron en advertir sobre el riesgo de impunidad, luego de que la justicia anulara los procesos penales contra policías y militares sindicados, tras la decisión de remitir los casos a juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, principal acusada junto a exministros y mandos militares y policiales.
HECHOS DE 2019
Una veintena de personas perdió la vida por impactos de bala en noviembre de 2019, cuando militares y policías fueron movilizados para intervenir una protesta vecinal en Senkata (El Alto) y una marcha en Sacaba (Cochabamba).
La decisión judicial de trasladar los casos a juicio de responsabilidades derivó en la libertad de policías y militares procesados, lo que encendió las alertas de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos.
PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL
En un comunicado conjunto, la CIDH y la ONU-DH expresaron su preocupación por las resoluciones que declararon la nulidad de los procesos judiciales en Senkata y Sacaba, señalando que estas medidas representan un retroceso en la búsqueda de justicia y que generan revictimización.
Las entidades recordaron que Bolivia recibió un informe con 36 recomendaciones, elaborado por un grupo de expertos internacionales que investigó los hechos de 2019, el cual establece la necesidad de procesos prontos, independientes, imparciales, exhaustivos, transparentes y efectivos, así como reparación integral a las víctimas y sus familias.
COMPROMISO ESTATAL
La ministra Saravia remarcó que el Estado boliviano, al formar parte tanto del sistema universal como del sistema interamericano de derechos humanos, tiene la obligación de actuar en consecuencia:
“De acuerdo con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con el propósito de proteger a las víctimas de estas graves vulneraciones, es fundamental evitar la revictimización y garantizar que estos hechos sigan siendo procesados. No puede haber impunidad para los responsables en todos los ámbitos”, señaló.
El Gobierno instó a todos los órganos del Estado a actuar de manera coordinada para cumplir con las recomendaciones internacionales y asegurar justicia y reparación para las víctimas de Senkata y Sacaba.
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