Con dar seguridad y dejar trabajar, sería suficiente

Hay frases que impactan por lo contundentes que son, seguramente Ud. conoce muchas, tal vez, más
que yo, pero una de las que más me hizo reflexionar hace mucho tiempo ya, fue: “Dadme un punto de
apoyo y moveré el mundo”. Esa frase la acuñó Arquímedes, físico y matemático griego, considerado un
genio en su época por los descubrimientos que hizo, apoyado en la ciencia.

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo” fueron las palabras con las que explicó el “principio
de la palanca”, al haber descubierto que mientras más larga sea la barra rígida que se utilice y la misma
tenga un buen punto de apoyo, la fuerza necesaria para levantar un objeto pesadísimo bajará al mínimo.

Cabe aclarar, que la expresión coloquial de “palanca” refiriéndose al poder que algunos tiene para
obtener favores indebidamente gracias a “su muñeca” o influencia política, nada tiene que ver con este
artículo; antes bien, de lo que se trata es de que esta cita de Arquímedes nos lleve a soñar con todo lo
que el empresariado privado podría hacer por el bien de nuestro país, en el marco de la legalidad y la
formalidad, de existir las condiciones para ello. En otras palabras, si el sector empresarial contara con
el apoyo de buenas políticas públicas, el enorme lastre de la pobreza que castiga aún a varios millones
de bolivianos sería menos azaroso y más fácil de combatir, gracias al apalancamiento de visiones,
esfuerzos, compromisos y acciones, para generar riqueza con la inversión y producción, así como
empleos e ingresos para la ciudadanía y tributos para el Estado.

Alguien dijo que no hay mejor “política de incentivo” para los empresarios, que la seguridad jurídica, y
que no hay mejor “política social” para la ciudadanía, que la que permita al empresariado forjar
empleos dignos y sostenibles en el tiempo; sin embargo, para ambas cosas son determinantes las
acertadas decisiones de quienes conducen la nave del Estado, por ejemplo, en nuestro país, el Órgano
Legislativo, con leyes adecuadas; el Órgano Judicial, con la administración de justicia de forma
imparcial, sin dilación y con probidad; el Órgano Ejecutivo, con Decretos y normas derivadas y, en lo
operativo, una moderna Administración estatal con un buen funcionamiento, por la que los servidores
públicos estén comprometidos con dar lo mejor de sí, en favor de la sociedad civil.

¡Bueno sería que no solo los gobernantes, sino quienes aspiran a serlo a partir de las Elecciones
Generales del 2025, entiendan algo tan sencillo e importante como esto! Que el desarrollo y la
disminución de la pobreza no dependen tan solo de los buenos deseos de un gobierno, sino también, de
su accionar.

A no dudarlo, el mayor desafío que tiene por delante Bolivia a corto plazo tiene que ver con garantizar
la paz social y la estabilidad macroeconómica, lo que, indudablemente, tendrá mucho que ver, no
solamente con la política, sino, principalmente, con lo que pase con la economía, bastante venida a
menos este año por los golpes que la misma ha sufrido tanto externa como internamente.
La previsibilidad de las reglas de juego, por una parte, y, de las políticas públicas, por otra, son
condiciones mínimas indispensables para captar capitales nacionales y extranjeros destinados a invertir,
producir y exportar mucho más, frente a la gran urgencia que tiene el país para aumentar el ingreso de

divisas, subir las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia y alejar la posibilidad de
una mayor devaluación del Boliviano y, con ello, más inflación.
La estabilidad social dependerá, por una parte, de que se recupere los empleos perdidos y, por otra, que
el nivel general de precios no aumente de tal manera que socave el poder adquisitivo de los asalariados,
en función de lo cual el gobierno debe abrirse, ser pragmático y mejorar el entorno para que aquello
ocurra a partir de un mayor dinamismo de la actividad privada.

El empresariado nacional, como tomador de las políticas públicas, a través de sus diferentes estamentos
productivos, comerciales y de servicios encarna no solo el deseo, sino, la enorme responsabilidad de
invertir, innovar, mejorar su productividad y competitividad, en cuanto le compete, dadas las
condiciones objetivas que le impone el entorno en el que se desenvuelve con las normas vigentes en el
país, las que, ciertamente, deberían mejorar, y mucho.

Enfrentar con éxito el desafío que implica la necesidad de combatir la pobreza podría convertirse en
una motivación adicional para que los empresarios bolivianos inviertan y generen más empleo, para lo
cual una sinergia público-privada coherente, en cuanto a la activación de las enormes potencialidades
productivas que existen, así como para atender las necesidades sociales aún por resolver, llevaría a una
lucha eficiente y sostenible para sacar a más pobres de tal condición, en el país.
Pregunté, entonces, a un amigo empresario: ¿Qué le pedirías al Estado para apalancar un mayor
desarrollo? “¡Seguridad jurídica y que deje trabajar, con eso basta!”, me respondió.