Manual de política exterior para el próximo gobierno

Bolivia llega al balotaje con una verdad incómoda: no tenemos una política exterior de Estado. Entre la grandilocuencia de los eslóganes y una crisis interna que causa estragos, el próximo presidente deberá rendir un examen frente a la ciudadanía, que se aprueba con inversiones que llegan, mercados que se abren, fronteras que se ordenan, bosques que generan divisas sosteniblemente, vecindades que rinden frutos y una Cancillería que deja de improvisar. Los «Lineamientos para una política exterior de Bolivia en el Bicentenario de su independencia», descritos por catorce internacionalistas bolivianos en la revista académica «Análisis e Investigaciones», ofrecen una base valiosa: no alineamiento activo, realismo periférico, diplomacia económica y profesionalización del servicio exterior. Una brújula sin reloj y sin mapa es, sin embargo, un adorno. Ahora, lo urgente es pasar de la doctrina a las reglas operativas, los plazos y las métricas. Aquí va una propuesta constructiva.

Bolivia debe avanzar hacia una diplomacia activa y pragmática, alejada de enfoques ideológicos y centrada en resultados concretos. La inserción inteligente en el comercio internacional requiere aprovechar oportunidades globales con visión estratégica, mientras que la apertura económica debe estar respaldada por seguridad jurídica y garantías institucionales que fomenten la inversión extranjera directa (IED). Para lograrlo, es fundamental fortalecer la estabilidad institucional y profesionalizar el servicio diplomático, asegurando continuidad y capacidades técnicas, así como optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la diplomacia.

No alinearse no puede ser un cómodo sinónimo de indecisión. Un no alineamiento activo, que merezca ese nombre, exige una matriz pública que ordene nuestra conducta por tema y foro. Equidistancia donde la rivalidad de grandes potencias nos arrastra a costos innecesarios, acomodación selectiva donde el precio del aislamiento es mayor que cualquier gesto ideológico, y liderazgo de nicho allí donde sí tenemos ventajas y autoridad moral: gobernanza del litio y del agua altoandina, logística bioceánica y bosques húmedos. El primer compromiso del nuevo gobierno, en política exterior, debe ser elaborar un manual de posiciones y voto internacionales —revisable anualmente— que alinee a Cancillería, ministerios y embajadas, evite contradicciones y dé previsibilidad a socios, empresas y organismos. Dejar de improvisar es, en sí mismo, una forma de recuperar soberanía.

La geoeconomía no es apenas una palabra de moda, sino una forma de tratar a la política exterior como política pública. Una señal inequívoca al mundo sería un pacto de integridad contractual que restituya cláusulas estándar de estabilidad y mecanismos de resolución de controversias transparentes. El retorno de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y el arbitraje internacional son esenciales para la aceleración de la IED. Si bien es un tema políticamente delicado, se puede apaciguar mediante cláusulas espejo ad hoc y reformando la ley de inversiones (y sobre todo la justicia), apuntando a generar una especie de «compliance soberano» que otorgue credibilidad al país. Sin eso, todo discurso de atracción de IED no es sino ruido.

El segundo paso es la facilitación burocrática mediante una ventanilla única de inversiones. El tercero, menos vistoso pero más determinante, consiste en superar las preferencias arancelarias. Es cierto que muchos aranceles del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) son bajos, pero estos regímenes son inestables y sujetos a condicionamientos regulatorios, por lo que depender de ellos sin acuerdos marco propios es frágil. La recomendación es negociar arreglos sectoriales que blinden el acceso de los productores bolivianos a los mercados globales y reduzcan fricciones no arancelarias, que a menudo son barreras comerciales aun más perjudiciales que los mismos aranceles.

La apertura de mercados internacionales no debe recaer únicamente en la Cancillería. Deberían ser los propios productores bolivianos, en función de sus necesidades y capacidades, quienes lideren la identificación y apertura de nuevos mercados, contando con el apoyo estratégico del cuerpo diplomático. El Ministerio de Relaciones Exteriores no debe actuar como un planificador centralizado, sino más bien convertirse en un facilitador del comercio exterior, eliminando trabas, fortaleciendo la marca país y acompañando activamente al sector productivo en la internacionalización de sus bienes y servicios.

Todo esto debe ir atado a una ofensiva en la infraestructura que nos conecta con el mundo: hidrovía Paraguay-Paraná, pasos con Brasil y Chile, y un giro pragmático al Pacífico vía Ilo, Matarani y, a mediano plazo, Chancay. Conviene, además, buscar alianzas con países dispuestos a reformar el Arancel Externo Común (AEC) para profundizar la libertad económica del Mercosur, que es una integración regional valiosa, pero que no debe ser una camisa de fuerza para el comercio con otras regiones. Se puede formar alianzas estratégicas para hacer del Mercosur una organización pro-comercio, más flexible y adaptada a los desafíos globales.

Para la gobernanza del litio, el texto mencionado arriba aspira a un órgano trinacional entre Bolivia, Argentina y Chile. Dado que los tres países exhiben marcos y velocidades distintas (propiedad del recurso, rol estatal, licenciamiento, etc.), una armonización tan ambiciosa costaría años que Bolivia ya no puede darse el lujo de perder. No obstante, un enfoque incremental sí es factible: empezar con estándares comunes de monitoreo hídrico, debida diligencia y trazabilidad para acceso a los grandes mercados con requisitos ESG. Lo que no se debe olvidar, sin embargo, es que, pese a que podrían ser aliados estratégicos, Argentina y Chile también son competidores. Por tanto, Bolivia debe generar seguridad jurídica y normativas más competitivas que, sumadas a las más grandes reservas de litio, nos den mayor poder de negociación en los mercados internacionales. Si a la par instalamos incentivos para inversiones en la industrialización y captura de valor en materiales intermedios —precursores, cátodos, servicios químicos especializados— dejaremos, finalmente, de vender apenas salmuera envasada. La meta concreta: estándar común versión 1.0 en dieciocho meses.

«Bolivia debe avanzar hacia una diplomacia activa y pragmática, alejada de enfoques ideológicos y centrada en resultados concretos».

En la agenda marítima, después de La Haya, insistir en maximalismos jurídicos es una coartada para la inacción. El próximo presidente debe proponer un debate que desemboque en un nuevo contrato social respecto al acceso al mar. El pragmatismo, en vez de la demagogia, debe convertirse en el nuevo paradigma del ejercicio de nuestra soberanía. En ese marco, la reintegración al mar debe basarse en un paquete de valor, desde un enfoque geoeconómico, para Chile y Perú. Es decir: trilateralidad de origen, medidas de confianza tempranas —facilitación de comercio, interoperabilidad aduanera, cooperación portuaria y académica—, mecanismos ágiles de resolución de disputas y garantías de autonomía operativa. El resultado no será una reivindicación histórica, pero sí una reducción mensurable en tiempos y costos para la carga boliviana: diplomacia inteligente que nos facilite un acceso de facto al mar.

Ya las fronteras y el agua requieren menos micrófonos y más sensores. Una unidad técnica permanente que integre cartografía, hidrografía y medio ambiente —con WGS84, batimetrías y series hidrológicas priorizadas en Silala, Lauca, Mauri, Titicaca e Iténez/Guaporé— vale más que cien notas reversales cuando hay hechos consumados en el terreno. Protocolos de datos abiertos y auditorías binacionales apuntalan la confianza y desactivan litigios caros e inciertos. El poder de la precisión científica debe guiar el accionar de la Cancillería.

La agenda climática puede ser fuente de divisas. Crear una Autoridad Nacional de Carbono con registro público; tablero de medición, reporte y verificación (MRV) interoperable y con estándares internacionales; ejercicio efectivo de la consulta previa; y reglas claras de distribución de beneficios con TCOs y comunidades indígenas es condición para evitar la reputación de greenwashing, generar inversión y proteger nuestros bosques efectivamente. El objetivo no es la declaración, sino la verificación: primeras emisiones en un año, porcentajes explícitos de ingresos dirigidos a conservación y desarrollo local, así como trazabilidad disponible al escrutinio de todos. Mientras tanto, alinear el discurso internacional con la acción doméstica nos devolverá credibilidad donde más cuenta: en la letra chica del financiamiento.

Asimismo, la promoción internacional del turismo debe volverse una prioridad transversal de la política exterior. Bolivia cuenta con un enorme potencial turístico, tanto por su riqueza natural y cultural como por su ubicación estratégica en Sudamérica. La Cancillería y las embajadas, en coordinación con el sector privado y las gobernaciones, deben impulsar campañas de posicionamiento internacional, facilitar la participación en ferias internacionales y promover acuerdos de conectividad aérea y simplificación de visados. El turismo sostenible no solo genera divisas y empleo, sino que también proyecta una imagen positiva del país y fortalece los lazos culturales y comerciales con el mundo.

Nada de esto es ejecutable si no reparamos la maquinaria diplomática. Reformar o al menos reglamentar de una vez la Ley 465, que norma el Servicio de Relaciones Exteriores; relanzar la Academia Diplomática con concursos, evaluación por competencias y rotaciones transparentes; limitar con rigor las designaciones políticas y medir el desempeño con indicadores simples —calidad de informes, acuerdos cerrados, tiempos de respuesta, y satisfacción consular— es una condición esencial para que el contenido propuesto se haga realidad. El día que mínimamente 70 por ciento de nuestras jefaturas estén en manos de diplomáticos de carrera, la política exterior dejará de depender de humores y lealtades y lo hará de una política de Estado largoplacista.

Simultáneamente, la crisis interna exige una reestructuración institucional que reduzca el aparato burocrático y aumente la eficiencia del Servicio Exterior. La fusión de los viceministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior e Integración permitiría concentrar la acción diplomática en el desarrollo económico, alineando la política exterior con la geoeconomía que caracteriza a esta época. El país debe convertirse en un nodo confiable en las cadenas de suministro globales. Las embajadas deben redefinir su rol como centros de negocios que vinculen la diplomacia con el sector privado. De igual manera, es necesario rediseñar la red de sedes diplomáticas, evaluando cierres, fusiones o refuerzos en función de su retorno estratégico, y reestructurar internamente la Cancillería para reducir unidades redundantes que mejoren la eficiencia institucional.

Finalmente, hay que pagar para poder decidir. La morosidad en organismos que distribuyen reglas, financiamiento y reputación debe dejarse atrás. Un plan plurianual para regularizar cuotas en la ONU, OEA, OMC y en los foros que rinden beneficios tangibles, acompañado de un análisis costo-beneficio público y anual por organismo, cerrará la puerta a la irrelevancia.

Urge, por sobre todas las cosas, una dosis de realismo político. Todo lo anterior requiere cohesión interna. Una política exterior de Estado no se decreta, se construye: con oposición, gobernaciones, sectores productivos y comunidades indígenas. La pedagogía pública es su blindaje. Explicar beneficios y costos, abrir datos, cuantificar avances, corregir rumbos; al nuevo gobierno le toca trazarse metas cuantificables. Si en quinientos días logramos un marco regulatorio altamente competitivo para el litio, puertos más rápidos, fin de la morosidad en organismos clave, una ventanilla de inversiones ágil y una Cancillería profesional, Bolivia habrá empezado a reinsertarse en el mundo.

Guillermo Bretel, Máster en Ciencias Políticas y Sociología