¿Elecciones en riesgo? Demandan a ocho organizaciones políticas para cancelar su personería jurídica

Humberto Vidaurre Castillo presentó una acción popular en contra de ocho organizaciones políticas que actualmente están en carrera para las elecciones generales de agosto de 2025. Pide además sanciones para el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y APB-Súmate.

"La acción popular la hemos planteado por la necesidad de tener que hacerla", afirmó Vidaurre en Que No Me Pierda de Red Uno.

El demandante explicó que ya el 10 de abril de este año, presentó una demanda al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que cancele la personería jurídica de aquellos partidos políticos que no se adecuaron a la ley 1096 y eran ocho. En ese momento, todavía no se había emitido la convocatoria de elecciones

"El TSE debió haber dado curso a la demanda, pero no, más bien hizo la convocatoria de elecciones. A partir de ahí se inscribieron partidos políticos a los cuales el TSE debió haber cancelado su personería jurídica porque no la adecuaron a la ley. Los ocho partidos políticos que incumplieron con la ley son ADN, PAN-BOL, MNR, PDC, FPV, APB-Súmate, Unidad Nacional y Demócratas. De estos ocho partidos, dos no se adecuaron y seis que supuestamente se adecuaron, pero en fecha posterior al 31 de diciembre del 2021. La ley fue promulgada el 1 de septiembre del 2018, tuvieron prácticamente 3 años para adecuarse a la ley", detalló.

Según Vidaurre, la ley establece que aquellos partidos que no se adecuaran, se extinguirían en su personería jurídica. "A partir del 31 de diciembre del 2021, aquellos que no se hubieran adecuado, el TSE tenía la obligación de cancelarle su personería jurídica", reiteró.

A la vez, se refirió a la norma que indica que, para participar en una elección general, los partidos políticos deben haberse constituido como organizaciones políticas 120 días antes de las elecciones primarias. Sin embargo, se cancelaron las primeras para el proceso electoral de este año.

"Pero en ningún articulado establece que no se aplica el requisito de los 120 días. Consecuentemente, la fecha de las elecciones generales corresponde a la fecha en que debieron haberse hecho las elecciones primarias y de ahí para atrás 120 días del requisito que establece la ley. Entonces, APB-Súmate, sin considerar que en realidad no debería tener personalidad jurídica, no cumple con el requisito", agregó.

Al respecto, desde Morena afirmaron que la demanda carece de fundamento legal y que cumplieron con todos los requisitos. Esto fue rechazado por Vidaurre.

"La ley ha suprimido las elecciones primarias, no ha dicho que los partidos políticos pueden incumplir los plazos de su constitución como partido. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral son quienes nos han llevado a este entuerto. Ellos debieron haber admitido, procesado y resuelto la demanda que nosotros oportunamente les hicimos llegar el 10 de abril. Ahora tenemos a políticos que ilegalmente se quieren hacer elegir", aseveró.

En ese sentido, pidió que se cumpla la ley de parte de las organizaciones políticas, los candidatos y el TSE. "Si en estos temas que son públicos, el TSE da muestras que se aplaza, que no actúa con idoneidad, con transparencia, con prontitud, ¿Cómo va a ser cuando llegue el momento de la de contabilizar los votos?", dijo.

Detalló que la Acción Popular se tramitó en más de 15 días, les hicieron una observación y la complementaron.

"Hicimos una acción instruida a través del Tribunal de Justicia de la Paz para notificar a los vocales de la Corte, se cumplió ese plazo. También se dio a conocer por edicto a los partidos políticos, más allá de que este tema ya es público", explicó.

La fecha para la audiencia está fijada para el viernes 23 de mayo, a las 2 de la tarde, en la Sala cuarta del Tribunal Departamental Constitucional de Santa Cruz.

"La Sala confirmará lo que se tiene que aplicar conforme a ley. No es una cuestión de interpretación personal ni nada, sino que estrictamente se tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Como los vocales del TSE no están cumpliendo su obligación y sus deberes; a través de esta acción que, constitucionalmente está establecida, se les va a llamar la atención, se les está interpelando para que cumplan y hagan cumplir la ley y, a partir de ahí, tengamos autoridades probas tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo", añadió.