El analista William Herrera respaldó la denuncia del presidente del TSJ y afirmó que los magistrados del TCP ya no tienen fuero, por lo que pueden ser juzgados por la vía penal ordinaria.
08/10/2025 10:13
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El analista político William Herrera se refirió a la denuncia penal presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, contra los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que continúan ejerciendo funciones pese a haber concluido su mandato.
“La denuncia es interesante porque nunca se dio un caso así. Es la primera vez que un presidente del TSJ acusa penalmente a los autoprorrogados. Lo cierto es que su mandato terminó, y más que autoprorrogados, son usurpadores de funciones”, afirmó Herrera en declaraciones recientes.
La denuncia se basa en los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución, contemplados en los artículos 153 y 163 del Código Penal.
Según explicó Herrera, si bien el proceso disciplinario para magistrados suele seguirse en la Asamblea Legislativa, en este caso no corresponde, pues los denunciados ya habrían perdido su condición de autoridades judiciales.
“Ellos ya no tienen ese privilegio. Su mandato concluyó, y por tanto pueden ser procesados por la vía penal ordinaria como cualquier ciudadano. El que debería actuar de oficio es el Fiscal General, pero cualquiera tiene el derecho de denunciar”, explicó.
Herrera fue aún más crítico al hablar del trasfondo político que permitió la permanencia de los magistrados. “Se autoprorrogaron porque estaban políticamente protegidos. Han convertido al Tribunal Constitucional en un instrumento del poder político, específicamente del arcismo”, denunció.
Advirtió además que, con un cambio de gobierno en el horizonte, podrían sumarse más acciones legales contra los magistrados autoprorrogados: “Si no renuncian, esta acción va a ser solo el inicio. Estos tipos han sido unos carniceros de la Constitución".
Ante la imposibilidad de realizar elecciones judiciales en el corto plazo, Herrera consideró que existe una alternativa legal y operativa para mantener en funcionamiento el TCP: “Hay cuatro suplentes que pueden ser convocados y así puede seguir funcionando el Tribunal Constitucional sin los autoprorrogados”, propuso.
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