Armin Dorgathen es investigado por el supuesto traslado ilegal de gas a Argentina valorado en aproximadamente 14 millones de dólares.
14/10/2025 21:51
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La ausencia laboral del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por una baja médica desató una controversia, ya que sobre él pesa una orden de aprehensión por el delito de contrabando agravado. Abogados constitucionalistas cuestionan que ni la Policía ni la Fiscalía hayan ejecutado la orden, señalando una posible "ejecución selectiva" de resoluciones judiciales.
Dorgathen es investigado por el supuesto traslado ilegal de gas a Argentina valorado en aproximadamente 14 millones de dólares. Pese a la gravedad de la acusación y la existencia de una orden de aprehensión emitida en su contra, el ejecutivo no ha sido habido en las oficinas de la estatal petrolera, donde se informó que goza de una baja médica.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Camacho fue enfático al asegurar que una baja médica no es excusa para suspender la ejecución de la orden de aprehensión.
"Haya o no baja médica, se debe ejecutar esa resolución de aprehensión. La Policía es quien tiene que, sobre todo, velar por la ejecución de esa orden...", declaró Camacho, quien criticó la aparente inacción policial. "La Policía últimamente se ha caracterizado por eso, por escoger de manera selectiva qué resoluciones se ejecutan y cuáles no", agregó.
El constitucionalista agregó que, si bien Dorgathen puede tener una baja médica, la Policía debe corroborar este extremo y, de ser cierto, la Fiscalía debería emitir un requerimiento para verificar la situación, ya que "para una resolución de aprehensión no hay baja médica".
Fiscalía levanta alerta migratoria
A la vez, el Ministerio Público levantó la alerta migratoria en contra de Dorgathen. El fiscal departamental de La Paz explicó esta decisión indicando que el presidente de YPFB se presentó a declarar de forma voluntaria en ese otro caso. "El ciudadano se ha presentado espontáneamente, se ha sometido al proceso y evidentemente no cursa en el presente caso [la alerta]. Este ciudadano se ha sometido al proceso, ha prestado su declaración informativa", informó el fiscal.
No obstante, el abogado Camacho insiste en que las autoridades judiciales y policiales muestran una actitud "benevolente" con quienes cometen delitos desde posiciones de poder político. La ciudadanía y diversos sectores esperan que se aclare la situación jurídica del presidente de YPFB y se ejecute la orden de aprehensión vigente, independientemente de su estado de salud.
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